Resumen

Este artículo indaga en los saberes que la Coordinadora NO+AFP utilizó para disputar el sistema de pensiones de capitalización individual chileno entre 2012 y 2019, desde la perspectiva decolonial, complejizando y enriqueciendo las perspectivas estratégica e identitaria para el análisis de los movimientos sociales y la literatura sobre la Coordinadora. Para ello, se reconstruye la trayectoria de este movimiento mediante una metodología cualitativa y la realización de entrevistas en profundidad y análisis de contenido. Posteriormente se identifican los saberes situados de la Coordinadora que emergen de las experiencias y opiniones de sus protagonistas, de saberes científicos y de los significados materiales e ideales que tienen sus reclamos y demandas.

Abstract

In this article I investigate the knowledge that the “Coordinadora NO+AFP” used to dispute the Chilean pension system, based on the individual capitalization between 2012 and 2019, from the decolonial perspective, making more complex and enriching the strategic and identity perspectives for the analysis of social movements and the literature on the “Coordinadora NO+AFP”. To do this, I reconstruct the trajectory of this movement through a qualitative methodology based on in-depth interviews and content analysis. Then, I identify the located knowledge of the Coordinadora that emerges from the experiences and opinions of its protagonists, from scientific knowledge and from the material and ideal meanings that their claims have.

Introducción

En 1981 en Chile, durante la dictadura militar, se privatiza el sistema de pensiones instaurándose un Sistema de Capitalización Individual (SCI) para la población civil y un sistema de reparto para las fuerzas armadas y de orden. El nuevo sistema, de contribuciones definidas, prestaciones indefinidas y administración privada, mediante las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), eliminó los aportes de quienes emplean, siendo la y el trabajador los únicos responsables de su pensión futura, lo que daría incentivos para ahorrar y evitaría la evasión. El monto de la jubilación resultaría del ahorro individual y de la capitalización de los fondos en el mercado financiero, pudiendo alcanzar el 85 % o más del sueldo en actividad, manteniéndose la sustentabilidad financiera del sistema y potenciando la economía nacional.

Pero, hasta el año que analiza este artículo (2019), para parte importante de la población, la jubilación por capitalización individual estaba lejos de dichas promesas, significando el paso casi directo a la pobreza y la indigencia. En efecto, el 50 % de las mujeres recibía una pensión igual o menor a USD 163, y el 50 % de los varones recibía una pensión igual o menor a USD 221 (Superintendencia de Pensiones 2020), siendo la línea de la pobreza de USD 218 (Casen 2018). En contraste, las y los dueños de las AFP obtenían millonarias ganancias, fruto de los costos que cobran a los y las trabajadoras por administrar sus ahorros previsionales: en 2019 obtuvieron un 59 % más de utilidades que en 2018, sumando 645 millones USD (Ramos Taky 2020). Adicionalmente, los cambios y reformas al SCI implementados desde los 90, si bien habían mejorado la cobertura y calidad de las pensiones, no habían sido suficientes para evitar la situación antes mencionada (Soto Pimentel 2021).

Desde la instauración del SCI diferentes organizaciones de la sociedad civil han puesto en la agenda pública el problema previsional, denunciando la insuficiencia de las reformas gubernamentales para el mejoramiento del sistema de pensiones y proponiendo alternativas, pero que han sido invisibilizadas tanto por la clase política como por los medios de comunicación, en articulación con quienes tienen la propiedad de las AFP (Mejías y Panes 2018; Gómez Rojas 2016; Arenas de Mesa 2010). Entre estas organizaciones, emerge en 2013 la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP (Coordinadora o Coordinadora NO+AFP), una articulación entre organizaciones sindicales del sector público y privado y organizaciones de la sociedad civil, cuyo referente principal ha sido Luis Mesina del sindicato Confederación Bancaria. El fin de la Coordinadora es eliminar el SCI y las AFP, para instalar un nuevo sistema de pensiones, de reparto, solidario, de financiamiento tripartito y con un fondo de reservas técnicas.

En este contexto, el siguiente artículo tiene por objetivo indagar en la Coordinadora NO+AFP desde la perspectiva decolonial, reflexionando en un aspecto menos explorado por las teorías clásicas de los movimientos sociales mayormente centradas en sus aspectos estratégicos –como la teoría de la movilización de recursos y oportunidades políticas (McAdam, Tarrow y Tilly 2001; Tarrow 1999; Tilly 1978)—e identitarios— como la teoría de los nuevos movimientos sociales (Melucci 1994; Touraine 1985; Castel 1995). Este aspecto refiere a los saberes que utilizó esta organización entre 2012 y 2019 para resistir y disputar los saberes que fundamentan el SCI como único camino para alcanzar buenas pensiones, invisibilizando que su implementación enriquece a una minoría a costa del empobrecimiento de una mayoría.

Para ello, en esta Introducción se profundiza en dos conceptos centrales de la perspectiva decolonial que permiten arribar al objetivo propuesto: la colonialidad del saber y la diferencia colonial. Estos conceptos proponen una comprensión de los saberes de los movimientos sociales como emergentes de un modelo civilizatorio dominante basada en una forma hegemónica de construcción de conocimiento que implica dos procesos paralelos:

(…) la supresión sistemática de los conocimientos y las culturas subordinadas (el encubrimiento del otro) por la modernidad dominante; y la necesaria emergencia, en el mismo choque, de conocimientos particulares moldeados por esta experiencia, que tiene por lo menos el potencial de convertirse en los lugares de articulación de proyectos alternativos y de permitir una pluralidad de configuraciones socionaturales. (Escobar 2010b, 28-9)

Posteriormente, se explica qué se entenderá por saberes de los movimientos sociales. También se aclara por qué la perspectiva decolonial es adecuada para analizar un movimiento social cuyos saberes están «anclados en la modernidad». Finalmente, se explicitan los aportes de este artículo tanto para el campo de estudio de los movimientos sociales como para la literatura especializada en la Coordinadora NO+AFP.

En el apartado Metodología, se describen las herramientas metodológicas utilizadas para desarrollar el objetivo de este artículo. En el apartado Hallazgos se reconstruye la trayectoria de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP para, a partir de ello, reflexionar sobre los saberes y significados que utilizó esta organización para resistir y disputar el sistema de pensiones vigente actualmente en Chile. Cerramos este artículo con el apartado Discusión donde se presentan reflexiones finales y se proponen preguntas de investigación a futuro.

Colonialidad del saber y diferencia colonial. Conceptos para el estudio de los movimientos sociales

Como menciona Flórez Flórez (2015; 2007; 2005; Flórez Flórez y Olarte Olarte 2020; 2023) la perspectiva decolonial ha tenido un aporte significativo al análisis de los movimientos sociales, siendo parte de lo que la autora denomina las perspectivas transdisciplinares. Es decir, aquellas que buscan «procuran colapsar la frontera moderna entre doxa (opinión de activistas de los movimientos sociales) y episteme (conocimiento científico custodiado por académicos que los estudiantes)», mostrando que los movimientos sociales son productores de conocimiento crítico (Flórez Flórez y Olarte Olarte 2023). En particular, y como se ahondará a continuación, la autora identifica tres contribuciones de las aproximaciones descolonizantes: una comprensión de temporalidad expandida (los procesos coloniales todavía están vivos en la construcción de la Modernidad en la región); una geopolítica del conocimiento enriquecida (la región no es objeto de estudio sino un lugar de enunciación autónomo y válido para construir conocimiento); y una cercanía a los movimientos sociales profundamente situada (reconocerlos como productores de conocimiento y desarrollar procesos de formación e investigación con ellos). A su vez, identifica cuatro tipo de conceptos enarbolados dentro de esta perspectiva: aquellos que amplían la temporalidad de las luchas; los que van más allá y contra el Estado; los de la diversidad epistémica; y aquellos que expanden los sentidos de la lucha (Flórez Flórez 2015; Flórez Flórez y Olarte Olarte 2023).

Tomando en consideración estos puntos, dentro de la literatura del pensamiento decolonial identifico dos conceptos centrales que abonan a las contribuciones y conceptos mencionados: el de colonialidad del saber y diferencia colonial. Estos permiten situar la discusión sobre los saberes de los movimientos sociales en el debate sobre qué conocimientos son legítimos para participar en la construcción de las ciencias sociales. Por otra parte, posibilitan hacer una reflexión sobre la pervivencia de estructuras de dominación coloniales en la actualidad. Por último, visibilizan a los movimientos sociales como sujetos de enunciación y construcción de conocimientos.

Los conceptos de colonialidad del saber y diferencia colonial propuestos por la perspectiva decolonial deben comprenderse en el marco de una profunda y crítica reflexión sobre las constantes crisis que ocurren en América Latina como consecuencia de la implementación de modelos de desarrollo que, aun cuando prometen el bienestar universal, su implementación enriquece a una minoría a costa del empobrecimiento de una mayoría.

En este marco, en una de sus más recientes publicaciones, Edgardo Lander (2019) problematiza esta cuestión afirmando y dando cuenta que la humanidad enfrenta en la actualidad una crisis sistémica y planetaria causada por el modelo civilizatorio del capitalismo moderno/colonial que, a diferencia de épocas pasadas, amenaza con terminar la vida misma del planeta. Como se señala desde la economía feminista y la ecología política, las expresiones de esta crisis van más allá de las clásicas problemáticas asociadas con el conflicto capital-trabajo, pues incluyen las problemáticas de género y ambientales que se derivan del conflicto capital-vida. En efecto, el capital se apropia no solo del plusvalor del trabajo, sino también del trabajo gratuito y feminizado que reproduce la mano de obra a un costo menor del que tendría si se adquiriese en el mercado (Pérez Orozco 2021). Por otra parte, el capitalismo concibe a la naturaleza como un recurso al servicio del crecimiento económico, negando los límites físicos del planeta y apropiándose de los recursos que pertenecen a futuras generaciones u otras partes de este (Pérez Orozco 2015; 2021). Así, la ganancia también se obtiene mediante la depredación ecosistémica estando el capitalismo «en conflicto estructural con la vida del planeta», y siendo inherentemente ecocida (Pérez Orozco 2021, 55-6). Así, por ejemplo, una de las principales amenazas a la vida humana y planetaria en la actualidad es el cambio climático, un problema real y serio, resultado de las actividades humanas (especialmente de las actividades productivas del capitalismo), mayormente por la emisión de gases de efecto invernadero (IPCC 2023; Rivera Ferre 2021). En este sentido, las consecuencias de este modelo civilizatorio moderno/colonial no solo ponen en riesgo las condiciones de vida de la humanidad, sino que también la sobrevivencia del planeta Tierra (Lander 2019).

Es urgente, por tanto, contar con propuestas alternativas a este modelo civilizatorio. Empero, las modalidades hegemónicas de conocimiento que fundamentan epistemológicamente la pervivencia de este modelo excluyen las respuestas y conocimientos para enfrentar a esta crisis civilizatoria que no se alineen a su reproducción, e impiden «cuestionar los supuestos civilizatorios y patrones de conocimiento básicos y relaciones de poder que han conducido a la humanidad a la presente crisis» (Lander 2019, 10). En este artículo se parte del supuesto que entre estas propuestas alternativas se encuentran los saberes producidos por los movimientos sociales.

Para la perspectiva decolonial, esto se explica en parte por la colonialidad del saber, una forma eurocéntrica de construcción del conocimiento basada en el sujeto racional moderno que tiene la «capacidad de presentar su propia narrativa histórica como el conocimiento objetivo, científico y universal y su visión de la sociedad moderna como la forma más avanzada –pero igualmente normal– de la experiencia humana» (Lander 2005, 12). Estos fundamentos epistemológicos son funcionales al desarrollo del modelo moderno/colonial del capitalismo pues este se concibe como emanado de la naturaleza racional del sujeto en el contexto de la Modernidad, estadio que además se define como el más avanzado que ha alcanzado la humanidad y, por ende, es patrón civilizatorio y deber ser de toda experiencia humana, debiéndose incorporar y articular a él todas las experiencias, historias, recursos y productos culturales del mundo (Castro Gómez 2005; Quijano 2005). A partir de ello, se establece una diferencia colonial entre saberes legítimos y no legítimos para aportar a la construcción, desarrollo y superación de las crisis de este modelo, siendo todo saber que no se adecúe a dicha narrativa deslegitimado o invisibilizado por ser un conocimiento no racional/moderno/científico, que va contra el desarrollo de la Modernidad y que puede incluso generar retrocesos (Mignolo 2003).

La colonialidad del saber y la diferencia colonial forman parte de un dispositivo de poder heredado del período colonial que fundamentó epistemológicamente los procesos de conquista y colonización del continente y que pervivió luego de la independencia de las naciones. Este dispositivo, la lógica modernidad/colonialidad, permitió enaltecer las «virtudes» del modelo civilizatorio de la Modernidad, que en realidad beneficiaban solo a una minoría de conquistadores, es decir su modernidad, velando que para realizarlas era necesario reproducir las condiciones para que la mayoría colonizada no pudiera alcanzarlo, es decir, su colonialidad.

Esta lógica se desarrolló sobre una imagen eurocéntrica de la sociedad y cultura de los conquistadores, donde los mismos se concibieron como pertenecientes a una sociedad, la sociedad moderna, más avanzada, superior y desarrollada que el resto de la humanidad. El relato que Europa elaboró sobre la constitución de la modernidad y el comercio mundial entre los siglos XVI y XVIII, partió del supuesto de que los mismos eran productos propiamente europeos, autogenerados gracias a la naturaleza racional de su cultura. Dicha naturaleza permitía construir conocimientos superiores y más avanzados que otras formas de conocer ligadas, por ejemplo, a la naturaleza o la magia. Los saberes racionales, en cambio, habían sido producidos por el Sujeto, quien, separado del mundo e incluso de su propio cuerpo, tiene la capacidad de conocer la realidad de manera diversa a como lo hacen otras formas (menores) de conocimiento apegadas a la naturaleza y los objetos, como la magia, los mitos, o la religión. El conocimiento moderno/racional se basa en una relación con aquello que conoce al modo «sujeto/objeto», donde hay un ego, que es un individuo aislado, que conoce verdaderamente porque se constituye en su discurso y su capacidad de reflexión, es decir, en su racionalidad (Escobar 2003; 2010a; Lander 2005). Así, la constitución del sujeto racional moderno, entendido como «emancipación, una “salida” de la inmadurez por un esfuerzo de la razón como proceso crítico, que abre a la humanidad a un nuevo desarrollo del ser humano» (Dussel 2005, 45), había posibilitado la construcción de la modernidad europea, sus instituciones y la constitución de Europa como centro del comercio mundial a partir del siglo XVI^[1].

La autopercepción del colonizador como superior y más avanzado por su naturaleza racional legitimó la negación, incluso con la violencia, de las formas de conocimiento y patrones de producción de sentido de los pueblos de la barbarie, justificado en una «acción civilizadora o modernizadora por parte de quienes son portadores de una cultura superior para [que las culturas inferiores puedan] salir de su primitivismo o atraso» (Lander 2005, 24). En función de ello, los saberes no racionales fueron convertidos «en ignorancia, en superstición, en un no conocimiento» por su carácter no racional (Restrepo y Rojas 2009, 63). Las comunidades indígenas fueron las primeras víctimas de esta lógica de poder, aniquilando sus formas de construcción del saber y de reproducción de la vida, y explotando y expropiando aquellas que fueran funcionales al desarrollo de la sociedad moderna y del capitalismo mundial. También se negó todo saber que tensionara la hegemonía de la sociedad moderna racional, reprimiendo o invisibilizando una serie de experiencias culturales y epistemológicas que emergieron de la negación de su existencia como alternativas a los proyectos civilizatorios (Mignolo 2003).

Pero, como señala Dussel (2014) si bien la modernidad es un fenómeno europeo, la razón moderna no sería su única causa. Por el contrario, la conquista de América y las riquezas de ahí extraídas fueron un factor determinante en la constitución de Europa como centro del comercio mundial, antecedente necesario para constituirse posteriormente como promotora del proyecto civilizatorio moderno. En este sentido, habría una primera modernidad (ad-extra Europa) inaugurada con la conquista de América y una segunda modernidad (ad-intra Europa), posibilitada en parte por la primera, que constituye el proyecto de la Modernidad. Esta concepción de la modernidad «ad-extra», permite darle un sentido mundial a la Modernidad —y no un sentido provincial radicado en Europa— e incorporar entre sus protagonistas a actores y actrices que están fuera de Europa Occidental (Dussel 2005).

A su vez, la pretendida objetividad del saber europeo por su naturaleza racional, permitió justificar el ejercicio de la diferencia colonial, es decir, el sacrificio de otras formas de saber como acto legítimo y necesario para el desarrollo del proyecto civilizatorio moderno y con ello borró «las relaciones entre la ubicación epistémica del sujeto que produce conocimiento, el conocimiento generado y sus articulaciones con procesos de dominación, explotación y sujeción» (Restrepo y Rojas 2009, 65). En este sentido, la negación y contrabando epistemológico expresado como imperativo moral para la instauración de la civilización, sería funcional al desarrollo del capitalismo y de la modernidad europeos. En otras palabras, la negación del colonizado como sujeto de razón permitió justificar el despojo material y espiritual de América por parte de los colonos bajo la promesa de un futuro de bienestar y desarrollo. Y también invisibilizó que dicha explotación era en realidad funcional al beneficio y enriquecimiento de quiénes pertenecían a la civilización moderna y de quien jugaba el rol de héroe civilizador (Mignolo 2003).

Esta forma moderno/colonial de construcción del saber estaría todavía vigente y ha permeado los modos de conocimiento de las ciencias sociales hegemónicas que imposibilitarían hoy cuestionar las causas de la crisis civilizatoria que enfrenta la humanidad (Lander 2015; Castro Gómez y Grosfoguel 2007). Se ha establecido una única forma normal y universal de adquisición del saber que excluye, como sujetos de conocimiento, las experiencias y saberes de los pueblos del sur y los grupos subalternos por su naturaleza supuestamente no racional, obstruyéndose así las posibilidades de transformación social que estos aportan. De este modo:

(…) las perspectivas de conocimiento eurocéntricas constituyen el eje central del discurso que naturaliza, y por ende le otorga el carácter de proceso inexorable, a las actuales tendencias que profundizan la polarización entre una minoría privilegiada y las mayorías excluidas y sometidas en todo el mundo. (Lander 2004, 259)

Pero es en esta misma negación, en esta diferencia colonial, donde la perspectiva decolonial postula que siguen emergiendo y reproduciéndose saberes en resistencia y en contra del proyecto civilizatorio moderno/neoliberal, que la colonialidad del saber pretende negar, deslegitimar. Porque, como afirmaba Quijano:

(…) la universalización de la civilización capitalista es la otra cara de la irrupción de la diversidad y de la heterogeneidad de las experiencias culturales que existen en el mundo y que circulan en las mismas autopistas de la comunicación global. (Quijano 2014, 121)

El pensamiento decolonial propone superar las contradicciones de los dispositivos de saber hegemónicos para construir unas ciencias sociales basadas en el diálogo de saberes, es decir, en la convivencia en el mismo espacio académico de diferentes formas culturales de conocimiento, aportando a la legitimación y visibilización de las alternativas para la supervivencia planetaria (Castro Gómez 2015).

Aquí radica entonces el interés de esta perspectiva por visibilizar los saberes que desde los procesos de conquista y colonización de América se intentaron acallar, con escasos resultados, en cuanto siguieran viviendo, emergiendo y reproduciéndose saberes para comprender, resistir y confrontar este proyecto civilizatorio moderno/colonial^[2].

Los saberes otros y los movimientos sociales

Estas reflexiones e intereses de la perspectiva decolonial son claves analíticas que llevan a considerar como sujeto de estudio de estas aproximaciones a los movimientos sociales y sus saberes. Dichos saberes son concebidos como saberes otros, para hacer hincapié en que emergen en resistencia y contra el saber hegemónico que se impone desde la colonialidad del saber, que lo niega, que lo deslegitima, no por una diferencia cultural, sino que desde una diferencia colonial. Es decir, desde una clasificación deliberada y funcional a partir de saberes autoconcebidos como superiores y más avanzados por su naturaleza racional y que son constitutivos de un proyecto civilizatorio hegemónico, que presenta a estos saberes otros como carentes, atrasados, inútiles (Mignolo 2003).

Los saberes otros constituyen lo que Walter Mignolo define como paradigma otro: «formas críticas de pensamiento analítico y de proyectos futuros asentados sobre las historias y experiencias marcadas por la colonialidad más que por aquellas, dominantes hasta ahora, asentadas sobre las historias y experiencias de la modernidad» (2003, 20). Lo que tienen en común es que emergen y se articulan en los lugares en que «la expansión imperial/colonial le negó la posibilidad de razón, de pensamiento y de pensar el futuro» (Mignolo 2003, 20).

En otras palabras, comparten la perspectiva y crítica de la modernidad desde la experiencia de la colonialidad, y en este sentido, los aportes que conforman este paradigma no tienen que ser coherentes o tener una férrea unidad (Mignolo 2003). El autor pone como ejemplos de estos saberes otros desde los escritos de Waman Poma hasta los gritos, quejas, conversaciones y murmullos de los esclavos negros; desde la elite disidente criolla y mestiza, el socialismo indígena de José Carlos Mariátegui en Perú, hasta el pensamiento de Frontera de Gloria Anzaldúa en México.

Llevado al campo de los movimientos sociales, estos saberes otros se pueden identificar en los significados y definiciones que están a la base y fundamentan las demandas y reclamos de los movimientos sociales. Estos significados, siguiendo a Simmons (2014), pueden estar constituidos materialmente, es decir, por las reivindicaciones centrales que hace un movimiento (por ejemplo, la demanda por el acceso a la tierra de comunidades campesinas rurales o la legalización del matrimonio igualitario por parte de la comunidad LGBTIQ+); y por ideas que «indexan y generan significados más allá del hecho [material]» que demandan dichos movimientos (515) (por ejemplo, la demanda por el acceso a la tierra puede significar también el sí mismo de la comunidad). Por otra parte, estos saberes otros pueden sistematizarse en proyectos sociales de mayor complejidad, como, por ejemplo, propuestas legislativas, económicas, territoriales y de defensa de derechos en directa relación con las experiencias histórico-culturales de quienes componen las organizaciones (Soto Pimentel 2021; Soto Pimentel y Gradin 2023). En este sentido, podríamos decir, todo movimiento social tiene como parte constitutiva de su devenir, de manera más o menos compleja, una serie de saberes y significados que son clave para explicar sus demandas y reclamos y que acompañan también sus formas de organización y relación con el sistema político.

El interés de la perspectiva decolonial sobre los saberes de los movimientos sociales no pretende ser pintoresca, sino que busca colapsar la frontera moderna entre doxa (opinión y experiencia de activistas de los movimientos sociales) y episteme (conocimiento científico custodiado por académicos que los estudian) (Flórez Flórez y Olarte Olarte 2023). Esto implica reconocer, primero, que el conocimiento construido por los movimientos sociales tiene el mismo estatuto de legitimidad para participar del debate académico y de las políticas públicas que el que tienen los saberes construidos en el mundo científico y/o de la clase dominante (Flórez Flórez y Olarte Olarte 2023; Flórez Flórez 2015). Segundo, que «doxa» y «episteme» son dos aspectos de un solo pensar con el mismo estatuto de legitimidad (Kusch 2008). Tercero, que los movimientos sociales pueden construir conocimientos basados en la opinión (es decir, en la experiencia acumulado de quienes lo componen) o en la ciencia (es decir, en conocimientos provenientes de disciplinas científicas de las ciencias sociales, económicas, naturales, etc.). Cuarto, que los movimientos sociales no son considerados como «objetos de conocimiento» sino sujetos creadores de conocimiento legítimo con el potencial para contribuir a problemas que la academia y los gobiernos, por años, no han podido resolver, incluso en términos de sobrevivencia planetaria (Escobar 2014; 2010b; PCN y GAIDEPAN 2018). Por último, que, junto con sus luchas materiales y simbólicas, también hay luchas epistemológicas para disputar la hegemonía conceptual de modelos modernizantes y de desarrollo impuestos sobre ellos (Soto Pimentel 2021).

Flórez Flórez afirma que la perspectiva decolonial apunta a una lectura no eurocéntrica de los movimientos sociales. La autora observa en la mayoría de las teorías del campo una cierta excepcionalidad al hablar de América Latina: «si bien parten de que la función primordial de todo movimiento contemporáneo es mostrar los límites de la modernidad, entienden que los movimientos latinoamericanos no pueden cumplir tal función, debido a que la región todavía carece del suelo moderno donde afincarla» (Flórez Flórez 2015, 19-20). Tendrían, entonces, poco potencial para denunciar la crisis de la modernidad y ofrecer alternativas a ella. También hay una tendencia a evaluar las luchas de la región en términos de carencias o fracasos, cuestionando la autonomía de los movimientos del sur frente al Estado o su constitución como genuinos movimientos sociales (Flórez Flórez 2015; Flórez Flórez y Olarte Olarte 2023).

Flórez-Flórez señala que la salida a esta crítica no es desechar las teorías clásicas sin más, de hecho, reconoce su importante potencial interpretativo. Tomando la expresión de Mignolo (2003), propone un giro decolonial, es decir, cambiar los términos del debate para captar cómo los movimientos latinoamericanos han subvertido los límites de la modernidad, pero de la modernidad tal y como se ha instalado en la región, desplazando las preguntas sobre si estos, en comparación a los movimientos del norte, son o no críticos de la modernidad, son o no movimientos sociales, son o no capaces de transformar la realidad (Flórez Flórez 2023; 2015; 2007; 2005). Para ello, invitan a «acompañar a los pueblos en sus luchas, haciendo esfuerzos de no imponer formas academicistas de interpretación de la realidad, basándose en los saberes populares y que propone posibilidades complementarias de comprensión» (PCN y GAIDEPAN 2018, s/p; Escobar 2010b). E, incluso, plantean construir el conocimiento con los movimientos sociales (Flórez Flórez y Olarte Olarte 2020; 2023).

La perspectiva decolonial, en definitiva, es una invitación, por una parte, a batallar por el reconocimiento de los saberes de los movimientos sociales como conocimientos legítimos y aportes significativos para el debate científico y de políticas públicas. Por otra parte, a realizar una lectura de los saberes de los movimientos sociales que interrogue sobre su relación con «los procesos, las formaciones y los órdenes hegemónicos asociados con el sistema mundo (moderno y colonial a la vez)» para, de este modo, hacer visible «desde la diferencia colonial, las historias, subjetividades, formas de conocimientos y lógicas de pensamiento y vida que desafían esta hegemonía» (Walsh 2007, 104, citado en Escobar 2010b, 194).

En este marco, el objetivo de este artículo es describir los saberes que utilizó la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP entre 2012 y 2019 para disputar el sistema de pensiones hegemónico en Chile, el de capitalización individual y administración privada, saberes que culminan en una serie de propuestas alternativas que tienen como objetivo la instauración de un sistema de pensiones público, de reparto, solidario, tripartido y con un fondo de reservas técnicas. Para ello, se reconstruye su trayectoria en el período señalado, pues se abordan como emergentes del ejercicio de la colonialidad del saber y de la diferencia colonial por parte de diferentes gobiernos que impulsan la permanencia del sistema de pensiones vigente. Posteriormente se analizan críticamente sus significados materiales e ideales, y sus fuentes de sentido, es decir, si sus saberes están basados en la opinión o en la ciencia.

Antes de seguir adelante, es relevante explicar por qué la perspectiva decolonial se considera adecuada para analizar un movimiento social cuyas propuestas alternativas están, como se ha señalado, ancladas en la modernidad. En efecto, se ha puesto en cuestión la pertinencia de la perspectiva decolonial pues sería adecuada solo para el análisis de movimientos decoloniales, como, por ejemplo, las comunidades originarias y sus cosmovisiones no-modernas/racionales. La Coordinadora NO+AFP no entraría en esta categoría, pues construye saberes y propuestas basadas en sistemas de protección social típicamente modernos ¿Cómo pueden entonces desafiar la modernidad? La respuesta es que, por una parte, como señala Quijano (2005), no todo saber moderno es colonial; este refiere a una racionalidad específica «que se hace mundialmente hegemónica colonizando y sobreponiéndose a todas las demás, previas o diferentes, y a sus respectivos saberes concretos, tanto en Europa como en el resto del mundo» (2005, 2). Por otra parte, como señala Mignolo, el interés decolonial está puesto en indagar en los saberes de grupos subalternos a los cuales se les ha negado su posibilidad de conocer y pensar, cuestión que, como se describirá a continuación, es el caso de la Coordinadora NO+AFP.

Junto con ello, en este artículo no se busca fundamentar el carácter decolonial o no de esta organización, sino que destacar la capacidad productiva y de construcción de saberes de la Coordinadora para resistir a un sistema previsional que fue impuesto y reproducido desde 1981 desde la colonialidad del saber y la defensa del proyecto civilizatorio del capitalismo, funcional a la devastación, explotación humana y planetaria bajo la egida del crecimiento sin fin. En este sentido, aquí se comprenden las interpretaciones y propuestas alternativas de la Coordinadora al sistema de pensiones en el contexto de implementación del proyecto civilizatorio de la Modernidad tal y cómo este fue instalado y reproducido en Chile en su versión previsional/neoliberal: la capitalización individual es el único camino para alcanzar buenas pensiones, pues responde a la naturaleza racional del hombre moderno.

La propuesta de este artículo es novedosa y relevante porque la perspectiva decolonial permite enriquecer y complejizar los paradigmas clásicos de análisis de los movimientos sociales mayormente focalizados en cuestiones identitarias y estratégicas. En efecto, diversos autores afirman que, pese a los importantes aportes de estos paradigmas al análisis de los movimientos sociales, han dado por supuesta la importancia del conocimiento y sus significados en la acción colectiva, aun cuando son esenciales para comprender los reclamos y luchas de los movimientos sociales (Della Porta y Diani 2015; Simmons 2014; Snow 2004). Junto con ello, la elección de la perspectiva decolonial amplía los modos de abordaje y los contenidos de las investigaciones sobre la Coordinadora. Estass indagan en: su origen y demandas (Soto Pimentel 2021; Olivares y Carrasco Oliva 2020; Bárcenas Vidal 2021; Schwake 2017; Soto Pimentel 2016), su propuesta para un nuevo sistema previsional (Aguiló y Echeverría 2020; Mejías y Panes 2018; Kapp 2017; Soto González 2017; Suárez 2017), sus repertorios de acción y formas de organización (Rozas y Maillet 2019), la relación entre acciones políticas y manifestaciones o activismo online (Matus 2020; Solá Morales 2020; Knipp, Valdebenito y Barriga 2018), su cultura (Miranda Torres 2021), la cobertura de los medios de comunicación sobre la Coordinadora (García Fuentes 2020; González y Campos 2020) y la negación, supresión o desestimación de los reclamos y propuestas de la Coordinadora NO+AFP, por el discurso experto «generizado» y masculinizado de los economistas del libre mercado (Azócar 2020).

Metodología

Los hallazgos presentados en este artículo derivan de la investigación desde la perspectiva decolonial de dos movimientos sociales en resistencia a reformas previsionales de corte neoliberal: la Coordinadora NO+AFP de Chile y el Frente de Personas Mayores de Argentina. Para analizar sus saberes se utilizó un enfoque metodológico cualitativo, basado en el estudio de casos múltiples, pues interesaba profundizar en la particularidad de cada uno de estos movimientos en sus contextos históricos específicos, dejando de lado un análisis comparativo (Sautu 2005; Sautu et al. 2005). En este sentido, se optó por poner atención «a la particularidad y complejidad de un caso singular a fin de llegar a comprender su comportamiento en circunstancias relevantes» (Stake 1995, citado en Forni 2010, 3).

En el caso de la Coordinadora NO+AFP, objeto de este artículo, dichas circunstancias relevantes tienen que ver con la realización a mediados de 2016 en Chile de una inédita y gran movilización de la ciudadanía contra el SCI, pidiendo su eliminación. Es en esta oportunidad donde la Coordinadora NO+AFP toma protagonismo y se constituye como interlocutor válido entre la ciudadanía y el poder ejecutivo, en vistas de pujar por un nuevo sistema de protección social que se constituya como un «verdadero» sistema de seguridad social. El mismo año este movimiento lanza una propuesta técnica para un nuevo sistema de pensiones, solidario, de reparto, público y de financiamiento tripartito, que se constituirá en una herramienta política y de política pública para disputar las reformas que propondrá el ejecutivo en 2017 y 2018. Estos acontecimientos fueron muy relevantes, pues permitieron volver a poner en la agenda pública y de gobierno los límites del SCI para otorgar buenas pensiones, y los alcances ajustados de la reforma del 2008 para solucionarlos.

Para identificar los saberes de la Coordinadora NO+AFP, se reconstruyen sus procesos de emergencia, resistencia y acción, que inician con anterioridad al año 2016, pues se abordan como emergentes de la diferencia colonial, es decir, en resistencia y disputa a un proceso constante de invisibilización o deslegitimación por parte de la clase dirigente defensora del SCI. Para ello se buscó información sobre la Coordinadora desde el año 2008, período marcado por las primeras protestas públicas contra la capitalización individual protagonizadas por una de las principales organizaciones que la integran, la Confederación Bancaria. El corte temporal de esta búsqueda fue octubre de 2019, que tiene que ver con el contexto histórico que atravesó el movimiento durante el «estallido social de Chile» de octubre de dicho año, que definitivamente generó un cambio de estrategia en la Coordinadora.

La reconstrucción de los procesos de emergencia, resistencia y acción de la Coordinadora se basó en fuentes primarias y secundarias de información. Respecto de las fuentes primarias, se llevaron a cabo 8 entrevistas en profundidad, por medio de plataformas digitales como zoom o WhatsApp, entre septiembre y octubre de 2019, a referentes de las principales organizaciones que componen la Coordinadora: la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines (Confederación Bancaria), Confederación nacional de funcionarios de la salud municipal (CONFUSAM), Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), el Colegio de Profesores y la Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financiero.

Junto con ello, se trabajó el análisis de contenido de fuentes secundarias, principalmente de producciones escritas y audiovisuales de la Coordinadora publicadas en sus redes sociales, tales como Facebook, Twitter e Instagram. A su vez, se indagó en los contenidos proporcionados por el sitio web oficial de la Coordinadora y los sitios que fueron creados para difundir sus estrategias de acción y difusión de su propuesta técnica. También se analizaron notas de prensa escrita y audiovisual relacionadas con la organización. Esta revisión de fuentes secundarias se hizo sobre las producidas entre 2013 y 2019.

Por último, se advierte que a lo largo de esta investigación utilizamos el lenguaje inclusivo para describir a quienes protagonizan las acciones y sucesos que aquí describimos. Cuando no es utilizado, es porque respetamos la forma original en que la fuente consultada lo expresó primariamente.

Hallazgos

Para sistematizar los hallazgos de esta investigación, se reconstruye a continuación la trayectoria de la Coordinadora NO+AFP entre 2012-2019, pues se abordan como emergentes del ejercicio de la colonialidad del saber y de la diferencia colonial por parte de diferentes gobiernos que han impulsado la permanencia del sistema de pensiones vigente. Esto último supone que el sistema de pensiones chileno se funda en una forma de construcción del saber que posiciona a la capitalización individual como único camino para alcanzar buenas pensiones, pues responde a la naturaleza racional del hombre moderno y permite el desarrollo del país.

Esto está presente en los principios fundantes del SCI. Su ideólogo, José Piñera[3] (1991), afirmaba que este sistema resolvía el problema de fondo que tenía el sistema de reparto: violaba la ley de «sobrevivencia y responsabilidad» de la naturaleza humana –que existía con anterioridad a un Estado que organizara la protección social– que:

(…) lleva al género humano (…) a ahorrar durante las épocas de abundancia para afrontar los períodos de escasez (…). El sentido de todo esto siempre es el mismo: para enfrentarse con determinadas situaciones difíciles hay que estar preparado y la preparación pasa fundamentalmente por la responsabilidad individual. (Piñera 1991, 16)

Esta visión racional instrumental del sujeto, que busca los mejores medios para alcanzar un fin, implica la necesaria existencia de la libertad y la propiedad, cuestiones que se veían amenazadas por el sistema de reparto donde los trabajadores no eran dueños de sus fondos ni decidían sobre su jubilación, ámbito de resolución del poder político (Piñera, Discurso de anuncio de la Creación del Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, 6 de noviembre de 1980). Este era el «pecado original» del sistema que, al romper la relación de propiedad entre aportes y beneficios, fruto de la responsabilidad y ahorro individual, terminaba violando las leyes de la naturaleza humana ligadas a la razón y la racionalidad instrumental.

El SCI redimía este pecado original restituyendo la naturaleza humana del trabajador al constituirse en un mecanismo individual de acumulación de riquezas basado en la libertad que hace de cada trabajador un «pequeño propietario». Además, como sus fondos son invertidos en el mercado de capitales financiando diversas inversiones, también pasaría a tener un rol estratégico en la activación de la económica del país (De Castro 1992). Incluso se afirmaba que desaparecerían o se aminorarían «las tensiones entre el capital y el trabajo, ya que (…) [el trabajador] sería a su vez poseedor de importantes recursos de capital» (De Castro 1992, 134). Como escribiera J. Piñera:

(…) los trabajadores comprenden que a través de sus cuentas de pensiones se han transformado en propietarios y tienen un interés directo y visible en la economía. Como una fracción sustancial de las acciones emitidas por las compañías chilenas más grandes pertenecen a los fondos de pensiones privados, los trabajadores son de hecho inversionistas en la prosperidad del país. (Piñera 1991)

En consecuencia, el SCI se constituía en un mecanismo que funcionaba sobre un círculo virtuoso entre ahorro individual, capitalización, crecimiento, desarrollo económico y creación de empleo, que permitiría corregir las principales problemáticas técnicas y políticas del sistema de reparto. Junto con ello, al ampliarse «drásticamente los márgenes de libertad individual, (…) junto con la participación en la base social y el progreso económico», el SCI se constituiría como una barrera infranqueable para el comunismo, y «al hacer propietario a cada trabajador, la reforma lo compromete activamente en el manejo responsable de la economía y en la búsqueda de la estabilidad política y la paz social» (Piñera, discurso de anuncio de la creación del sistema de pensiones de capitalización individual, 6 de noviembre de 1980).

El principio de «sobrevivencia y responsabilidad» habría establecido la diferencia colonial entre saberes legítimos y no legítimos para definir el nuevo sistema de pensiones y fundamentar la eliminación del sistema de reparto. Ahora bien, la deslegitimación de propuestas alternativas se viabilizó mediante la violación de los derechos humanos en un contexto dictatorial, donde más que deslegitimar, lo que se hizo fue eliminar la disidencia y el debate sobre el sistema de pensiones, imponiéndose el SCI sin diálogo ni participación ciudadana.

La mantención de la capitalización individual como único pilar obligatorio del sistema previsional una vez recuperada la democracia y hasta la actualidad, permite suponer la vigencia de este principio fundante a la base del sistema y, por ende, la del ejercicio de la colonialidad del saber y la diferencia colonial. Y, en efecto, para muchos opositores de la capitalización individual la imposibilidad de hacer reformas estructurales al sistema es consecuencia de la obstrucción histórica que empresarios y políticos, tanto de derecha como de izquierda, han hecho para mantener esta forma de acumulación de capital[4], cuestión que se hizo sin mayores dificultades en el contexto autoritario del régimen de Pinochet (Arenas de Mesa 2010), pero que con el retorno de la democracia en los 90 tampoco habría cambiado demasiado.

De hecho, en esta década se elaboraron informes técnicos que mostraban que con el nuevo sistema disminuía la cobertura, había fuertes presiones sobre las finanzas públicas y no había evidencia de que estuviera influyendo en el aumento del ahorro interno, sino que esto se podía explicar por otros factores (Arenas de Mesa 2010), pero el terreno no era el propicio para que estas críticas se transformaran en una decisión política. Por el contrario:

(…) cualquier crítica que apuntara a alterar su esencia tenía escasa acogida en ese período en que las AFP se convirtieron en un producto de exportación no tradicional “made in Chile”, que insufló de orgullo no solo a sus creadores, implementadores y grupos económicos que participaban de este mercado, sino también a los funcionarios a cargo de la fiscalización del sistema, algunos de los cuales se convirtieron en entusiastas promotores del mismo. (Arenas de Mesa 2010, 27)

Las modificaciones al sistema realizadas en los 90, en consecuencia, no apuntaron a aspectos sociales o avanzar en una acción del Estado más allá de su rol regulador o garante del funcionamiento del Mercado, sino que fortalecieron el Mercado de las AFP y al mercado de capitales, su rentabilidad, comercialización, etc., y las discusiones en torno al funcionamiento del sistema versaron sobre cómo estas cuestiones y la acumulación de recursos afectarían el futuro de la macroeconomía chilena (Arenas de Mesa 2010).

Ya en la primera década del siglo XXI, los límites del SCI para otorgar buenas pensiones e informes técnicos que mostraban el «drama» de las pensiones futuras y las promesas incumplidas de la capitalización, comenzaron a tener mayores efectos sobre las decisiones políticas, haciéndose evidente la necesidad de otorgarle un rol más activo al Estado en la cuestión previsional. Estas reflexiones no solo ocurrieron en Chile, sino que en varios países de la región y del mundo[5], realizándose importantes cambios asociados a las cuestiones previsionales, conocidos como reformas de segunda generación, o contra-reformas[6], pues tenían como objetivo revertir las promesas incumplidas del SCI, que más que aliviar las problemáticas estructurales de los sistemas de protección para la vejez, las había agudizado (Mesa Lago 2004)[7].

En este marco, en 2008, se implementa la primera gran reforma al SCI, durante el gobierno de centro izquierda de Michelle Bachelet. Si bien se convocó un Consejo Asesor para discutir y diseñarla, incorporando la voz de la sociedad civil (actores del sector privado, gremial, social, técnico) y del sistema político, la discusión estuvo encorseta por el diagnóstico que tenía el gobierno sobre el sistema previsional: si bien tenía innumerables problemas, el SCI como forma de financiamiento no había fracasado. Los problemas de vulnerabilidad y desigualdad en la vejez se asociaron a «fallas en los supuestos claves sobre cómo se comportarían los afiliados dentro del nuevo sistema y una inadecuada estructuración de sus pilares fundamentales», como señaló la presidenta Bachelet. Como resultado, la propuesta de reforma que emanó del Consejo solo incorporó las sugerencias que concordaban con este diagnóstico gubernamental, teniendo como resultado una reforma que, manteniendo la obligatoriedad de la capitalización individual, incorporó un nuevo pilar solidario al sistema (Soto Pimentel 2022). Por otra parte, cuando en 2018 el Gobierno de Piñera plantea una nueva reforma previsional, rechaza la posibilidad de incorporar elementos de reparto pues, como afirma, «el ahorro previsional pertenece a los trabajadores y, en consecuencia, ellos y solo ellos tienen el derecho a elegir quién y cómo administra sus ahorros previsionales» (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018). Por ello, en el mismo discurso se señala que «este derecho es no solo reconocido, sino también respetado y fortalecido por esta Reforma Previsional» (Soto Pimentel 2021).

La trayectoria que se presenta a continuación entonces se inscribe en este contexto, pero se divide en tres etapas que se definen por los cambios de estrategias que escogió la Coordinadora NO+AFP para alcanzar sus fines, mantener su visibilidad pública y combatir diferentes estrategias de silenciamiento por parte de la clase política y económica dominante. En este sentido, marcan trasversalmente estas etapas la percepción de sus referentes de que sus acciones son constantemente invisibilizadas por los medios de comunicación, el poder político y económico, requiriendo continuamente idear acciones para mantener sus demandas vigentes.

Antecedentes y constitución de la coordinadora NO+AFP (-2013)

La conformación de la Coordinadora NO+AFP tiene sus antecedentes, según las y los referentes, primero, en un proceso de concientización creciente de que el SCI no aseguraba «buenas pensiones» en el cual fue crucial su rol como dirigentes sindicales que les permitió conocer las bajas pensiones que iban recibiendo los y las asociadas. Este fenómeno, en un principio, se interpretó como un efecto de transición al nuevo sistema, de personas que habían cotizado también en el sistema de reparto (Referente-1 CONFUSAM, entrevista, 24 de septiembre de 2019). Pero, «la condición paupérrima que son las pensiones en Chile», se empezó «a ver a medida que más gente se jubilaba por el sistema de capitalización» (Referente-1 CONFUSAM, entrevista, 24 de septiembre de 2019).

Por otra parte, las problemáticas asociadas al SCI se manifestaron en las «batallas previsionales» sectoriales por el «daño previsional» generado por las políticas de descentralización implementadas durante la dictadura. Es el caso de las y los profesores y personal de la salud que pertenecían a la administración nacional y fueron trasladados a la administración municipal, causándoles una importante merma en los ahorros previsionales. Para una de las referentes entrevistadas, esta lucha por el daño previsional «fue el puente preparatorio para lo que será la Coordinadora NO+AFP» (Referente-2 ANEF, entrevista, 2 de octubre de 2019).

Un último antecedente de este proceso de concientización que luego dará lugar a la conformación de la Coordinadora, según quienes participaron de las entrevistas, es el rol determinante que tuvo la Confederación Bancaria, y su principal referente Luis Mesina, en el inicio de la lucha para terminar con las AFP, siendo los primeros en salir a la calle a explicar lo que significaba el SCI y que este era la fuente de las bajas pensiones. De hecho, a partir de 2008, producto de la crisis financiera mundial que había producido enormes pérdidas en los ahorros previsionales, y hasta 2010, esta organización protagonizó protestas contra las AFP por su responsabilidad en las pérdidas, conformó un Frente Amplio de Trabajadores en defensa de los ahorros previsionales[8], hizo pedidos de restitución de fondos perdidos e interpuso demandas a las AFP, y llamó a los gobiernos a responsabilizarse por estos problemas (Confederación Bancaria 2010; 2008a; 2008b). En todas estas acciones, enarbolaba la demanda por el fin de las AFP y de la especulación con los ahorros previsionales (Mesina, Declaración fuera del Ministerio del Trabajo y Previsión Social Chile, 2008).

El proceso de conformación de la propia Coordinadora como movimiento, según diferentes documentos (Coordinadora NO+AFP s.f.; Confederación Bancaria 2012; Bertín 2012[9]), inicia en 2012 con iniciativas para reagrupar a actores del mundo sindical, social, económico y político en torno al tema de las pensiones. En marzo se realizó el Seminario “Sistema Previsional (AFP) y el despojo a los Trabajadores Chilenos”, discutiéndose las problemáticas del SCI y sus contradicciones, la situación de los y las pensionadas actuales y futuras y las posibles soluciones. Se señaló la necesidad de unión entre los y las trabajadoras, movimientos sociales y la ciudadanía, y de salir a la calle para luchar, y alcanzar los cambios deseados. En abril se realiza en Santiago el seminario «En la búsqueda de una nueva previsión, NO+AFP», y el movimiento «Ciudadanos por una Previsión Justa y Digna» de la ciudad de Rancagua convocó a dirigentes sociales, sindicales y políticos, para reafirmar el compromiso para terminar con las AFP. Se conformó el Movimiento por la Seguridad Social y la Previsión de la ciudad de Concepción que aglutinaba a diferentes sindicatos en la región del Biobío. En Talcahuano emergió la Coordinación por NO más AFP y en defensa de las Mutuales. Posteriormente, siguieron experiencias similares en otras ciudades como Valdivia, Valparaíso y Arica.

El 5 de junio de 2013 se realiza en Santiago el encuentro multisindical «A terminar con las AFP», organizado y convocado por las sindicales Confusam, Fenpruss, Anef y la Confederación Bancaria (Resumen 2013). Allí las organizaciones elaboraron un diagnóstico del sistema de pensiones, sus problemas, posibles soluciones y revisaron la experiencia internacional. Discutieron estrategias para elaborar una propuesta técnica y realizar movilizaciones, difusión y propaganda (Resumen 2013).

Este encuentro culmina con la constitución de la Coordinadora. En la declaración fundacional se afirma que con la implementación del sistema de pensiones actual se han confiscado las «cotizaciones de los trabajadores, creando una fuente de capital disponible para financiar inversiones de los grandes grupos económicos». Que el sistema ha sido exitoso en la «expropiación de parte del salario de los trabajadores en beneficio de una minoría de saqueadores, a quiénes el Estado chileno ha entregado plena protección». Que la causa de las bajas pensiones es que el sistema está «fundado en el principio de capitalización individual para el mercado especulativo», y que su función no es otorgar pensiones, sino que constituirse en una «industria de la especulación en el mercado financiero con los ahorros de los trabajadores». Consecuentemente, quienes trabajan han perdido y visto vulnerados sus derechos, mientras que los dueños de las AFP siempre han ganado utilizando su dinero.

A partir de este diagnóstico emergen los principales reclamos de la Coordinadora: la eliminación de las AFP, la recuperación de los fondos de pensiones de los y las trabajadoras, y que el Estado se responsabilice por el daño previsional provocado. Finalmente, se comprometen «a trabajar de forma unitaria para ayudar a la movilización de los trabajadores habiéndose conformado una coordinación nacional permanente»[10].

Visibilización pública, incidencia política y construcción de la propuesta técnica (2013-2016)

Un segundo momento en la trayectoria de la coordinadora es entre 2013 y 2016, marcado por la visibilización pública del movimiento, la incidencia política y la elaboración de una propuesta para la creación de un nuevo sistema de pensiones.

Hasta el año 2016, pese a la realización de marchas e intervenciones para visibilizar la demanda por NO+AFP y la participación de la coordinadora en el debate previsional convocado por el gobierno de Bachelet en 2014 para reformar el sistema previsional, el movimiento no tenía aún visibilidad pública. La adquiere, según las entrevistas, en 2016 con el «caso Myriam Olate»[11], que generó grandes marchas ciudadanas contra las AFP sin precedentes en todo Chile. Según una referente, si bien estas marchas no fueron convocadas solo por la Coordinadora, sino también por grupos desarticulados que luego fueron desapareciendo, esta «hace como de vocera y parlante de este momento de indignación popular, y, luego, [logra] tomarse y apropiarse de esa indignación, de ese descontento, de seguir promoviendo la acción colectiva» (Referente-1 ANEF, entrevista, 10 de septiembre de 2019).

En efecto, ante la respuesta del Gobierno de Bachelet a las movilizaciones de diseñar una reforma previsional mediante un «gran pacto nacional», la Coordinadora jugó de interlocutora de la ciudadanía para exponer ante la mandataria «razones fundadas para pedir el término del SCI y los principales lineamientos de una propuesta de reemplazo por un verdadero sistema previsional basado en el reparto solidario y con aporte tripartito»[12], agregando que seguirían «activos y movilizados hasta conquistar un sistema previsional que otorgue pensiones dignas a todos los chilenos y chilenas»[13]. Ahora bien, este lugar lo ocupó la coordinadora no sin esfuerzo, pues, acorde a los y las referentes, la presidenta en principio se reunió solo con los dueños de las AFP, y derivaba a la coordinadora a encontrarse con la ministra del Trabajo. Por ello, luego del encuentro presidencial, la coordinadora declaró estar disponible para el llamado a un «gran acuerdo nacional de la presidenta», pero que ello suponía «que quienes deben estar en el debate son justamente los propietarios de esos recursos» (Mesina, Luis., Declaración tras solicitar reunión con presidenta Bachelet, 2016a).

El 2016 estuvo marcado por «un conjunto de movilizaciones impresionantes, que forzaron incluso al gobierno a plantear reformas previsionales, pero que en definitiva solamente dieron más aliento al sistema de AFP» (Referente-2 ANEF, entrevista, 2 de octubre de 2019). De hecho, la presidenta Bachelet afirmó por cadena nacional que la demanda de la Coordinadora era justa y legítima, y que las pensiones eran un problema. Pero propuso una reforma que, si bien introducía elementos de reparto al sistema previsional, reincorporando el aporte patronal e incrementando el porcentaje de cotización en un 5 % adicional que iría a un fondo de ahorro colectivo, mantenía como pilar obligatorio el SCI.

Es por ello que, ese mismo año, la coordinadora pone en marcha una de las estrategias planteadas en el momento de su creación: «tener una respuesta, una alternativa frente al sistema previsional de capitalización individual (…) basada en los principios de la seguridad social y en particular de la solidaridad y el reparto» (Referente FENPRUSS, entrevista, 3 de septiembre de 2019). Esto rompía con lo que para ellos y ellas caracterizaba a muchos movimientos sociales que denuncian, se oponen, «pero pocas veces levantan alternativas claras frente a lo que están denunciando» (Referente FENPRUSS, entrevista, 3 de septiembre de 2019). Por ello, la Coordinadora «no es solo NO+AFP, sino también elaboradora de una forma técnica alternativa, verdadera, para dar solución al drama que viven los pensionados y pensionadas en Chile» (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10 de octubre de 2019).

Esta propuesta se basó en la convicción de que quienes debían estar en el debate sobre las pensiones, para que un «acuerdo nacional sea realmente democrático», eran los «verdaderos dueños de los fondos previsionales» que como tales no podían «quedar ajenos a una decisión respecto al uso de [sus] fondos» (Coordinadora NO+AFP, Declaración pública NO A LA AFP ESTATAL, 2016).

La elaboración de la propuesta fue:

(…) consecuencia de cientos de reuniones, de debates, foros y seminarios donde han participado también cientos de dirigentes, trabajadores y ciudadanos comunes. Recoge el aporte y la reflexión de miles de compatriotas que con sus distintas miradas han aportado a la creación de conocimiento en un tema en que precisamente involucra al conjunto de la sociedad en esta materia. También recoge el aporte de investigaciones, reflexiones que por años vienen efectuando desinteresadamente muchos intelectuales y estudiosos de diversas disciplinas, que han comprendido que la seguridad social [debe ser] entendida como un derecho fundamental. (Mesina, L., Presentación propuesta previsional NO+AFP, 2016b)

El diagnóstico de la Coordinadora fue que el SCI estaba fracasado, sus pensiones eran insuficientes y la capitalización individual no respetaba los principios de la Seguridad Social, ni los de la propia Constitución chilena. Por ello, propone eliminar el SCI creando un nuevo sistema de seguridad social moderno, universal, «de reparto, solidario y con financiamiento tripartito de trabajadores, empresas y Estado» (Coordinadora NO+AFP 2016, 22), basado en la igualdad y en las pensiones concebidas como un derecho humano garantizado por el Estado.

En la propuesta técnica la seguridad social, siguiendo los principios de la OIT y algunos puntos de la declaración de los derechos humanos, se concibe como un derecho de los y las trabajadoras y un imperativo ético de la previsión. Además se basa en los principios de: solidaridad (toda la gente, en función de sus posibilidades, contribuye económicamente al financiamiento de la protección social, incorporando una lógica redistributiva al sistema); universalidad (todas las personas participan de los beneficios del sistema, al menos para cubrir necesidades básicas); igualdad (todas las personas en la misma situación, sin distinción por género, etnia o religión, deben recibir el mismo trato en el sistema); suficiencia (las prestaciones deben garantizar al menos la continuidad de ingresos); sostenibilidad financiera y actuarial (para ello el sistema debe construirse por etapas, pero como parte de un plan general e indicando las prioridades en su implementación e ir avanzando cuando existieran los recursos. El costo de las prestaciones y de los gastos de administración debe financiarse de forma colectiva a través de cotizaciones y/o impuestos); rol del Estado y supervisión (el Estado debe asumir una responsabilidad general en la buena gestión de las instituciones y de los servicios que ayude a asegurar la protección garantizada en los convenios); dialogo social (para ser legítimo, un sistema ajustado a los principios de la Seguridad Social, debe ser construido en democracia e incorporar un proceso de participación plena de los distintos actores); y eficiencia y gastos administrativos razonables.

La solidaridad como principio fundante del sistema se entiende como:

(…) el traspaso de parte de la riqueza actual que los pensionados contribuyeron a crear, desde las presentes generaciones activas a los pasivos, con el objeto básico de mantener continuidad del poder adquisitivo del pensionado, respecto a su situación cuando era trabajador activo. (Coordinadora NO+AFP 2016, 22)

Esto es lo que se conoce como la solidaridad intergeneracional. Por otra parte, esta solidaridad también se entiende como que:

(…) los sueldos altos, (…) le donen un porcentaje, un medio punto, un punto, a la gente que se va a jubilar ganando el salario mínimo y que va a recibir una pensión de cincuenta mil pesos... hablamos de que la gente joven ayude a subsidiar o ayude a la gente anciana, de que el hombre se haga cargo también de ayudar a las mujeres. (Referente Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financiero, entrevista, 10 de octubre de 2019)

El objetivo de la propuesta técnica era mejorar sustancialmente las pensiones actuales y hasta el 2100, cautelando el equilibrio fiscal, pero siendo funcional a «dar amparo a las personas en estado de necesidad» y no del mercado (Coordinadora NO+AFP 2016, 13). Para ello, se contempla la creación de un fondo de reservas técnicas «que garantiza el pago de las obligaciones del sistema en eventuales períodos de estrés financiero» y el impacto del envejecimiento de la población (Coordinadora NO+AFP 2016, 22). Las inversiones del fondo tendrán criterios éticos, evitando inversiones especulativas de alto riesgo, y contribuyendo «al desarrollo de la economía y al desarrollo del país» (Mesina, L., Presentación propuesta previsional NO+AFP, 2016b). Una nueva institucionalidad, la Administradora de Seguridad y Previsión Social, administrará y gestionará los fondos de capitalización individual acumulados hasta el cambio del Sistema y los compromisos de pago de pensiones.

Esta propuesta se presentó con un análisis técnico y macroeconómico que describió las bajas pensiones otorgadas por el SCI, la situación de pobreza de los/as jubilados/as, y demostró financiera y económicamente que un sistema totalmente diferente era posible y sustentable. Propuso un plan de transición para que la transformación no generara desequilibrios económicos, e igualmente pudieran aumentarse las pensiones «hoy».

Estrategias y acciones para mantener la vigencia de la demanda NO+AFP (2017-2019)

Este tercer y último período de la trayectoria de la coordinadora se caracteriza por el esfuerzo de la organización por mantener vigente la demanda por NO+AFP en un año electoral y, posteriormente, durante el Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), donde preveían que, por su talante neoliberal, habría aún menos espacios para disputar el sistema de pensiones.

En marzo de 2017 se realiza la cuarta Marcha NO+AFP, y en abril Bachelet anuncia la reforma previsional (que enviará al parlamento en agosto). Esta, manteniendo el SCI, incrementaba el porcentaje de cotización a cargo del empleador, pero se reducía el porcentaje destinado a ahorro colectivo al 2 %. Los y las voceras de la Coordinadora expresaron que esta propuesta no mejoraba las pensiones hoy, mantenía la «filosofía» de la capitalización individual, contraria a los principios de la seguridad social, e incumplía «el clamor de la ciudadanía que exige un cambio profundo para garantizar seguridad social y pensiones dignas» (Coordinadora NO+AFP 2017, 1). Así, «el gobierno se pone del lado (…) de los grandes grupos económicos que seguirán disponiendo de nuestro ahorro para el financiamiento de sus negocios y no al pago de pensiones» (Coordinadora NO+AFP 2017, 2).

Ante este escenario, para reforzar el reclamo por NO+AFP, la Coordinadora realiza un plebiscito para consultar si la ciudadanía quería continuar con las AFP. Esta herramienta no era institucional pues no existe en la Constitución, pero lo describen como un acto democrático con toda la legitimidad «que le da la organización y la lucha por una causa tan necesaria como es la del sistema de pensiones para Chile» (Espinoza, C., Lanzamiento Plebiscito No+AFP, 2017). Se fundamentaba en el derecho de la ciudadanía a pronunciarse sobre materias que son vinculantes con la condición humana (Mesina, L., Trasmisión en vivo de la Coordinadora No+AFP, 2017), como una forma de empoderar a la gente, de restituir la soberanía al pueblo, ya que la «soberanía debe descansar en la voluntad popular y ese es el principio fundamental que nos anima» (Mesina, L., Lanzamiento plebiscito No+AFP, 2017b). Según la coordinadora, el plebiscito se autogestionó con apoyo de organizaciones de la sociedad civil, sin aportes del Estado o partidos políticos, para mantener la autonomía del movimiento.

En la votación de octubre de 2017 participaron casi un millón de personas, y un 98 % votó a favor de terminar con las AFP. Pero pese a su éxito, según las entrevistas, fue escasamente cubierto por los medios de comunicación hegemónicos, influido también por el inicio de la campaña electoral presidencial. No obstante, rescatan que esta estrategia permitió que sus demandas estuvieran presentes en el debate electoral y que las y los candidatos tuvieran que definirse respecto a qué proyecto previsional proponían, o si querían continuar con el SCI. Señalan que el plebiscito desafió a quienes dicen que la gente no quiere terminar con las AFP, sino que lo que quiere son mejores pensiones (Oradora, Lanzamiento IPL NO+AFP, 2018).

Con la asunción en marzo de 2018 del Gobierno neoliberal de Sebastián Piñera, y su propuesta de reforma previsional, la cual, basándose en el principio de la propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros, incrementaba el porcentaje de cotización a cargo del empleador al 4 %, recursos que irían directamente a cuentas individuales, no de ahorro colectivo, la coordinadora previó un recrudecimiento de la invisibilización del movimiento y sus demandas, siendo fundamental, como señalaron la totalidad de las entrevistas, mantener un constante estado de movilización y visibilización de la propuesta técnica, comprometer a la ciudadanía con la demanda por NO+AFP y sumar nuevas estrategias para incrementar su conocimiento público. Para ello acordaron la construcción de una Iniciativa Popular de Ley (IPL) y la implementación de la «estrategia jurídica».

La elaboración de una IPL, basada en la propuesta técnica, se acordó en el tercer congreso nacional de la coordinadora en enero de 2018[14]. La IPL tampoco es una herramienta institucional en Chile, solo el ejecutivo tiene la iniciativa legislativa cuando implica gasto público, como lo es una reforma previsional. Según las entrevistas, no está estipulado en la Constitución el derecho para que el pueblo haga proyectos para garantizar sus derechos, mejorar su calidad de vida o generar políticas públicas y presentarlas en el parlamento.

Con la IPL se pretendía «devolver al pueblo, a los ciudadanos, a los trabajadores la capacidad legislativa, secuestrada por una constitución espuria e impuesta, que impide a los ciudadanos ser partícipes de la construcción de las leyes que le afectan» (Mesina, L., Discurso Lanzamiento IPL NO+AFP, 2018a). Para sus referentes, también era otra forma de romper con la creencia de que los movimientos sociales solo protestan, sin hacer propuestas.

La metodología de elaboración de la IPL contempló la participación ciudadana en todo el país (entre junio y noviembre de 2018), mediante encuentros sociales, cabildos, o una página web. Las discusiones versaron sobre un anteproyecto de ley, basado en la propuesta técnica, y temáticas pre-establecidas por la coordinadora (principios de la seguridad social, edad de jubilación, tipo de pensiones, administración y destino de fondos, desigualdad de género). Se registraron setecientos treinta y cinco cabildos en todo el país, diez mil participantes y más de dos mil horas de discusión y deliberación.

Según la coordinadora, este proceso participativo permitió refrendar la propuesta técnica, complementarla en aspectos específicos que no se explicitaban, y movilizar a las bases para que promovieran, defendieran y replicaran la propuesta y el proyecto de ley en diferentes espacios (Abufón, Presentación metodología IPL NO+AFP, 2018a). Fue un nuevo instrumento «de educación y movilización ciudadana (…) [de] mayor legitimidad en la permanente comunicación con la gente» (Mesina, Discurso Lanzamiento Iniciativa Popular de Ley NO+AFP, 2018a) y de profundización de la democracia, en un país «donde la democracia se ha concentrado en algunas instituciones del Estado y en ir votar por representantes cada una cierta cantidad de años» (Mesina, Discurso Cierre de campaña Iniciativa Popular de Ley NO+AFP, 2018b). En marzo de 2019 la coordinadora presentó en los patios del Congreso Nacional la IPL. El proyecto fue recibido por parlamentarios y parlamentarias afines y, según las entrevistas, no salió en los medios de comunicación.

En enero de 2019 (durante la conferencia nacional de la Coordinadora NO+AFP) se acuerda realizar la acción «estrategia jurídica» (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10 de octubre de 2019), la que tuvo como objetivo cuestionar el principio fundante de la reforma previsional del gobierno de Piñera, la propiedad privada, y evidenciar la «contradicción y mentira» con la que opera el SCI: «si bien es cierto que nos dicen que los fondos son nuestros (…) nosotros no podemos hacer uso de esos fondos» (Referente-2 ANEF, entrevista, 2 de octubre de 2019).  Aun cuando «la Constitución política del Estado de Chile, la Constitución de Pinochet, dice que existe el derecho de propiedad privada, y el DL 3500, y las AFP dicen, y el Gobierno dice y el superintendente de Pensiones dice que el fondo de ahorro es de los trabajadores (…) eso no es realidad» (Referente-1 CONFUSAM, entrevista, 24 de septiembre de 2019).

Para demostrarlo, como relatan en las entrevistas, bajo el argumento de la propia contraparte, de que los ahorros previsionales son de propiedad de quienes trabajaban, que son inversores e inversoras en la industria, accionistas de los grandes ahorros del país, «gracias a que la propiedad (…) estaría garantizada con todo el tema de AFP» (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10 de octubre de 2019), se llamó a las personas pensionadas en dificultad económica a solicitar a las AFP la restitución de sus fondos para solventar su supervivencia. Pero, como habían previsto, las AFP rechazaron la petición, poniéndolas en jaque ¿los fondos eran realmente propiedad de los/as trabajadores?

Un segundo paso de la estrategia jurídica fue en julio de 2019, cuando, con la colaboración de la Fundación Casa Común, interpusieron 14 recursos de protección en las Cortes de Apelaciones de las capitales regionales del país, solicitando que determinaran si las y los trabajadores eran propietarios y propietarias de los fondos previsionales y si las administradoras estaban obligadas a devolvérselos. Si la respuesta era no, como señala una de las entrevistadas:

(…) le demostramos a todo el pueblo de que nos vinieron engañando treinta y siete años diciendo que los fondos son nuestros, pero no son nuestros en realidad porque nadie dispone, nadie decide ni nadie de los trabajadores goza de su ahorro, los únicos que se enriquecen y se aprovechan de eso son las sociedades anónimas. (Dirigenta Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financiero, entrevista, 10 de octubre de 2019)

Del total de recursos presentados –correspondientes a personas militantes de la Coordinadora– ocho fueron admisibles. Esto demostraba, para la Coordinadora, que «hay una controversia, la propia Corte de apelaciones tiene diferentes criterios para abordar esta petición» (Mesina, L., Campaña #esmiodedidoyo, 2019). En dos de ellos, se solicitó al Tribunal Constitucional que se pronunciara sobre «la eventual inaplicabilidad por inconstitucionalidad del decreto ley N3500 [decreto que rige el SCI]» pues «su aplicación (…) produciría una norma que generaría un efecto jurídico contrario a la Constitución, afectando el derecho de propiedad» de los recurrentes sobre los fondos previsionales (Nogueira Alcalá 2019). En el fallo se señalaba que había una:

(…) evidente contradicción frente al derecho de propiedad que tiene el trabajador respecto de la capitalización individual (…) [, en tanto] no puede utilizarla en su propio beneficio para salir de una insolvencia sobreviniente (…) [, y] con la garantía constitucional (…) [del] Estado que supervigile el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, lo que evidentemente en este caso no se da. (Rol 2797-2019, Corte Antofagasta)

Para las personas entrevistadas era muy difícil que el Tribunal Constitucional fallara declarando inconstitucional el SCI (de hecho, no lo hizo), pero, esta estrategia ponía nuevamente la demanda por NO+AFP en el espacio público y los medios de comunicación. Como señaló uno de los entrevistados, esta estrategia abrió «un debate muy intenso, el gobierno, los empresarios, todo el mundo está opinando del tema, los medios de comunicación están hablando sobre este tema, porque hemos nuevamente puesto en cuestión el sistema de pensiones» (Referente-1 CONFUSAM, entrevista, 24 de septiembre de 2019). Otra de las entrevistadas señaló que «esto va marcando precedentes y va también generando despertar en la gente» (Referente-2 ANEF, entrevista, 2 de octubre de 2019). Y como este alegato duraría muchos meses, ya era potente la estrategia «en el sentido de poner el tema a la vista, y que no sigan tapándolo» (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10 de octubre de 2019).

La Coordinadora postuló que no buscaba solucionar el problema previsional sacando la totalidad o parte de los ahorros previsionales, porque esta era una salida individual, y la seguridad social debía ser solidaria y colectiva. Lo que buscaba era que, si el Tribunal fallaba a favor de los/as trabajadores, ellos pudieran «imponer que se forme un nuevo sistema de pensiones, donde haya una pensión básica solidaria para que todos tengamos una pensión más justa, más digna» (Dirigente Colegio de Profesores, entrevista, 16 de septiembre de 2019). Y si se fallaba en contra, se develaba que hay «en Chile derechos de propiedad en letra grande para los grandes empresarios, y derechos de propiedad en letra pequeña para los trabajadores y trabajadoras» (Mesina, Campaña #esmiodedidoyo, 2019).

En definitiva, el fin era cuestionar los cimientos de un sistema basado en «premisas falsas», pues el decreto que da origen a la ley de capitalización individual, no respeta el derecho constitucional a la propiedad privada, ni el de seguridad social. Entonces, en cualquiera de los dos casos, se refrendaba que «el sistema de capitalización individual, es un sistema de ahorro forzoso, es un modelo que no está en condiciones de entregar pensiones a la gente al término de su vida laboral, pensiones dignas» (Referente-1 CONFUSAM, entrevista, 24 de septiembre de 2019).

Posteriormente, el 6 de octubre, la Coordinadora convocó a una nueva marcha por NO+AFP, y tenían otras estrategias de acción para cumplimentar los objetivos que se había propuesto a inicios de 2019. Pero, el 18 de octubre de 2019 ocurre el «estallido social», un proceso inédito de multitudinarias protestas y movilizaciones a nivel nacional, iniciadas por estudiantes secundarios en reclamo por el alza del pasaje en el transporte público y que durará con más o menos intensidad hasta marzo de 2020 con las medidas de aislamiento por la COVID-19. Estos acontecimientos marcaron un cambio de rumbo en la agenda de la coordinadora, teniendo que adaptar sus estrategias de acción e incidencia.

Saberes de resistencia de la Coordinadora NO+AFP: entre la opinión y las ciencias, los significados materiales e ideales

Como se señaló en la introducción este artículo tenía por objetivo indagar en los saberes que utilizó, construyó y disputó la Coordinadora NO+AFP para resistir a la imposición de un sistema previsional impuesto desde las lógicas de la colonialidad del saber y la diferencia colonial. Para ello, se establecieron ciertas directrices para esta búsqueda, como que estos conocimientos refieren a los significados materiales e ideales de las demandas y reclamos de la organización, y que las fuentes de construcción de estos saberes pueden provenir de la opinión y la experiencia, y también de las ciencias. Por último, que estos saberes pueden adquirir niveles de complejidad mayor, al sistematizarse en proyectos y propuestas alternativas.

A partir de la descripción de la trayectoria de la Coordinadora NO+AFP se identificaron diferentes saberes que contribuyen a su constitución y desarrollo, fundamentan sus reclamos y demandas y disputan la hegemonía del SCI. En este marco, una primera cuestión a señalar es que los saberes que definen las demandas y reclamos del movimiento son anteriores a su propia conformación y dan cuenta de un largo proceso de invisibilización de las luchas y contrapropuestas que diferentes organizaciones de la sociedad civil, de manera articulada o desarticulada, venían haciendo por las promesas incumplidas del SCI, que comenzaron a vislumbrarse, incluso bajo el régimen dictatorial de Pinochet, pero que fueron desoídas o no obtuvieron aceptación dentro de la clase política encargada de reformar el sistema jubilatorio para mejorar las pensiones.

En este sentido, la Coordinadora se constituye como tal también en función de saberes previamente existentes que se fueron construyendo tanto a partir de la experiencia como de las ciencias. En efecto, hasta 2013 se da un proceso de acumulación de saberes asociados, por una parte, a un proceso de concientización individual de la realidad de las bajas pensiones otorgadas por el SCI —obtenido gracias al rol sindical de los y las referentes y de las batallas previsionales del personal docente y de la salud—. Por otra parte, se da una acumulación de saberes asociados a la difusión de saberes técnicos proporcionados por la Confederación bancaria sobre el funcionamiento del sistema financiero y su relación con los ahorros previsionales y las bajas pensiones. También es interesante observar que cuando comienzan los procesos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, entre 2012 y 2013, se agendan una serie de instancias de discusión y conocimiento de la temática con el fin de discutir y elaborar propuestas para resolver la problemática previsional basada en un diálogo de saberes técnicos y emergentes de la opinión que culminarán en la constitución de la Coordinadora como movimiento y su reclamo por NO+AFP.

¿Qué significados tiene la principal reivindicación de la coordinadora por terminar con las AFP en este periodo?

Por una parte, tiene una significación material asociada a la eliminación del sistema de capitalización individual como mecanismo de ahorro causante de las bajas pensiones. También tiene significados ideales que van más allá de esta demanda concreta y que están relacionados con cómo se concibe la capitalización individual: su función no es otorgar pensiones, sino que confiscar los recursos de los y las trabajadoras para ponerlos a disposición de los grandes grupos económicos y su enriquecimiento, con la protección plena del Estado.

Esta interpretación sobre el SCI es un fundamento central de la lucha de la coordinadora, en cuanto lo que busca es la instauración de un sistema de pensiones que efectivamente otorgue pensiones dignas y suficientes para todas las personas mayores, para lo cual resulta fundamental visibilizar las contradicciones en las que se constituye el sistema de pensiones que, como señala quien escribe, aun cuando proclama el bienestar universal de las personas mayores, su funcionamiento beneficia a una minoría a costa del empobrecimiento de una mayoría.

Una vez fundada la Coordinadora, en el período 2013-2016 identificamos la construcción de la propuesta técnica para un nuevo sistema de pensiones, la cual emerge directamente de los procesos de movilización ciudadana por NO+AFP y de la exclusión del Gobierno en su proyecto de reforma previsional de la propuesta de la Coordinadora. Esta sistematiza una serie de conocimientos provenientes tanto de la opinión de «miles de compatriotas y sus distintas miradas» respecto del sistema de pensiones como de investigaciones de intelectuales que fundamentaron técnica, socioeconómica y estadísticamente la creación de una nueva institución. También se incluyen conceptos desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo y los tratados internacionales de derechos humanos.

En este marco, se observa que la propuesta técnica sistematiza una serie de saberes con significados materiales, tales como los de seguridad social y la jubilación como un derecho humano, solidaridad, universalidad, igualdad, suficiencia, sostenibilidad financiera y actuarial, rol del Estado, diálogo social y eficiencia. Y a su vez, estos adquieren significaciones que van más allá de un mecanismo de ahorro para la vejez y que, como se observó, serán fundamentales para las acciones y propuestas posteriores de la Coordinadora. Así, por ejemplo, la conceptualización de la seguridad social y de las jubilaciones como un derecho, deviene del diagnóstico de la Coordinadora de que, dada la realidad laboral chilena, precarizada y de bajos sueldos, la capacidad de ahorro de la clase trabajadora no depende en absoluto de su sola voluntad y conciencia de previsión futura. Por el contrario, las condiciones de contratación y el funcionamiento de la economía tienen una fuerte determinación en esta posibilidad de ahorro, que poco depende de las y los trabajadores.

Por otra parte, la propuesta técnica contiene ideas que reivindican la participación ciudadana y refuerzan el ejercicio de la democracia, pues se justifica tanto en la necesidad de romper con la creencia de que los movimientos sociales solo reclaman, pero no hacen propuestas, como en la defensa de la convicción de que quienes deben estar en el debate sobre las pensiones son los dueños de los ahorros previsionales. Esta convicción está presente en otras acciones de la Coordinadora y hace directa referencia a la imposibilidad de ejercer la democracia participativa en Chile que, como señala la Coordinadora, no está establecida en la Constitución heredada de la dictadura.

De este modo, la elaboración de la propuesta técnica, la realización del plebiscito y la formulación de la iniciativa popular de ley, se constituyen en la idea de que para terminar con las AFP se requiere legitimar y posibilitar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre las políticas públicas que les competen, restituyendo la soberanía al pueblo, sobre todo cuando las demandas ciudadanas no están alineadas o no están representadas en las propuestas de los partidos políticos o los Gobiernos.

El reclamo tras la estrategia jurídica y la restitución de fondos también significa para la Coordinadora algo más que recuperar ahorros para solventar la crisis de sobrevivencia. Esto es, cuestionar el concepto de propiedad privada que fundamenta el SCI mostrando sus contradicciones: si los fondos previsionales no eran extraíbles ¿cómo podía defenderse la propiedad privada sobre estos? Ello cuestionó la universalidad del principio de propiedad a la base del sistema, pues mientras las sociedades anónimas accedían a los ahorros previsionales y se enriquecían, los y las trabajadoras no podían hacer uso ni goce de estos. Así también el pedido de restitución de fondos no significaba que se devolvieran los ahorros, sino que la salida al problema previsional no debía ser individual, sino colectiva.

Las definiciones en el reclamo por NO+AFP de la Coordinadora, vale agregar, buscaron construirse tanto en la opinión como en las ciencias. En efecto, durante su trayectoria se identifican una serie de iniciativas, como seminarios, cabildos y reuniones, que aspiran a una construcción colectiva y participativa de una propuesta para un nuevo sistema de pensiones que incluyera a los y las trabajadoras, la ciudadanía y la academia (en efecto, la Coordinadora cuenta, por ejemplo, con el apoyo técnico constante de la Fundación Social, un centro de investigación independiente).

Discusión

Este artículo ha recorrido la trayectoria de la Coordinadora NO+AFP entre 2012 y 2019, para reflexionar sobre los saberes que utilizó esta organización para disputar los saberes que fundamentan el SCI como único camino para obtener buenas pensiones.

Para ello, desde los conceptos de colonialidad del saber y diferencia colonial, se sostuvo que la Coordinadora NO+AFP utiliza y construye una serie de saberes y alternativas para resistir a un modelo previsional que se gesta y defiende desde la lógica modernidad/colonialidad, negando o invisibilizando sus saberes y propuestas. Este supuesto se constata en el relato de la Coordinadora en cuanto se reconoce a sí misma y sus saberes en ese lugar de negación y de deslegitimación por parte de los defensores del SCI, incluso con anterioridad a la conformación del movimiento. En efecto, durante las entrevistas se señaló que, por lo general, no hay voluntad política para invitar a participar a la Coordinadora del debate sobre las pensiones, siendo siempre la prioridad del gobierno convocar a los dueños de las AFP, y cuando ha sido convocada por el ejecutivo a discutir sobre las reformas previsionales, generalmente por presión del movimiento, sus aportes no son incluidos en las propuestas finales. Por otra parte, relataban que cuando la problemática de las pensiones ocupa la agenda pública, sus vocerías son escasamente invitadas a los programas de televisión, dándole prioridad a los dueños de las AFP. Por su parte, algunas de las movilizaciones de la Coordinadora para visibilizar sus demandas han sido reprimidas, lo que para las dirigencias demuestra la falta de libertad de expresión para posturas diversas a la capitalización individual.

Durante su trayectoria se identificó que la Coordinadora utilizó saberes obtenidos previamente a su conformación y saberes que se fueron construyendo al alero del contexto social y político que dio luz a la demanda por NO+AFP en el espacio público. Dio significados materiales a sus reclamos y también ideales que van a estar presentes y fundamentan no solo sus luchas por terminan con el sistema privado de pensiones, sino que también su deseo por visibilizar las contradicciones en que se basa el SCI y que perjudican de manera directa al sector trabajador.

Estos hallazgos permiten poner en la discusión el hecho de que los saberes de la Coordinadora permiten disputar el relato que fundamenta la mantención del SCI, cuestionando la naturalización de este mecanismo como único camino para obtener buenas pensiones, y desocultando sus consecuencias. La propuesta técnica de la Coordinadora, y su posterior transformación en un proyecto popular de ley, es una cuestión clave en esta materia, al evidenciar científica y técnicamente que es posible obtener buenas y mejores pensiones en un sistema diferente al actual: uno público, de reparto, solidario y de financiamiento tripartito. En este sentido, la construcción de esta propuesta se constituye en sí misma en una disputa epistemológica directa a la hegemonía de la capitalización individual que se auto presenta como único camino para obtener buenas pensiones, evitar la quiebra del sistema y mantener una economía vigorosa. En otras palabras, construir una alternativa al SCI que, sobre la base de fundamentos y argumentos teóricos y técnicos, asegure buenas pensiones, permite cuestionar los argumentos teóricos y técnicos de la contraparte.

En este punto, es importante retomar el hecho de que, a través de los significados ideales de estos saberes, la Coordinadora denuncia los intereses económicos invisibilizados que hay a la base de la reproducción del SCI, lo cual, según quienes participaron de las entrevistas, está articulado con el poder económico y político que allí se concentra, lo que explicaría en gran medida la imposibilidad para cambiar estructuralmente el sistema de pensiones. La cantidad de poder económico que acumulan «los dueños de todo» en el SCI, sería la razón por la cual se invalidan las propuestas alternativas a dicho sistema, poder que está blindado por los medios de comunicación, gran parte de la clase política e incluso por la Constitución, la cual estatuye que las reformas que impliquen modificaciones en el uso y distribución de los recursos de la Nación solo pueden ser formuladas por el poder ejecutivo, es decir, por el Presidente, y no habilita otras formas de participación ciudadana como los plebiscitos autoconvocados o las IPL. Para la Coordinadora, este es una herencia de la dictadura para garantizar la permanencia de los principios neoliberales en las políticas públicas y la exclusión de la ciudadanía en las discusiones sobre estas. Esta «verdadera alianza de poder» es la que termina dando cuenta de que la invisibilización de su propuesta para un nuevo sistema de pensiones tendría más que ver con la defensa de un poder económico concentrado que con la defensa de un mecanismo que permite desplegar las leyes de la naturaleza humana y, en consecuencia, asegurar pensiones dignas y suficientes.

Retomando los aportes de la perspectiva decolonial al análisis de los movimientos sociales, podemos afirmar que esta ha permitido destacar la naturaleza propositiva de este movimiento, visibilizando que junto a sus luchas materiales por el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas mayores o por un cambio al sistema de pensiones, se dan luchas epistemológicas que las exceden. Así también, permiten situarla como sujetos de conocimiento y un actor legítimo para plantear propuestas y contribuciones significativas a un problema irresuelto por la clase política chilena, como lo es el problema previsional.

Así también, los hallazgos plasmados en este artículo colaboran a desestimar las dudas acerca de la pertinencia de la utilización de la perspectiva decolonial para el caso de un movimiento social supuestamente «no decolonial», en cuanto sus propuestas están ancladas en la Modernidad. Desplazar la pregunta por el carácter decolonial o no de este movimiento ha posibilitado la apertura a la pregunta sobre cómo la Coordinadora ha luchado por subvertir los límites de la modernidad de un sistema previsional cuya hegemonía opera invisibilizando y deslegitimando sus saberes y propuestas, característica común de aquello que Mignolo (2003) define como saberes otros y paradigma otro. Y lo hace en el marco de una modernidad tal y como se ha instalado en Chile y en el caso particular de las pensiones en su forma neoliberal. En consecuencia, en su trayectoria no se observa la búsqueda por superar la forma moderna de la protección social para la vejez, sino que realizarla, proceso en el cual cumplen un rol central saberes propiamente modernos como los de igualdad, solidaridad, universalidad, por mencionar algunos. Esto, a su vez, da cuenta de aquello que señalaba Quijano (2014) sobre que no todo saber construido en Europa o en la modernidad opera desde la lógica de la colonialidad del saber.

A futuro quedan preguntas pendientes para desarrollar en nuevas investigaciones, como son, el estado de los saberes de la Coordinadora luego del estallido social, durante la pandemia, el proceso constituyente y la última propuesta previsional enarbolada por el Gobierno de Gabriel Boric. También quedan pendientes indagaciones más profundas sobre las formas de construcción de los saberes y, por su puesto, el desafío decolonial de avanzar hacia investigaciones donde se construyan saberes para las ciencias sociales con las organizaciones.